Diciembre de 2005.
No hay duda, aunque sólo fuere por sentido común, que aspirar humo en exceso tiene que ser perjudicial para la salud. Si el tabaco es una droga que mata en España a 50.000 personas cada año, como nos muestran las estadísticas oficiales, entonces: ¿Por que no se prohíbe la venta del tabaco, como se hace con las demás drogas dañinas, en vez de permitir su compra libre para después acosar al fumador para que no lo consuma? ¿No es un contrasentido?
En España hay algo más de 12 millones de fumadores y, según encuestas, el 70% quiere dejar de fumar, por lo que si no lo hace, al precio que está el tabaco, es porque no puede. Hay que considerar que gran parte de ese otro 30% restante que no quiere abandonar el vicio es porque se sienten tan adictos físicamente a la nicotina que consideran imposible lograrlo. Según últimas estadísticas, tan sólo consiguen dejar el hábito un 2% de los que lo intentan con “fuerza de voluntad”, lo que les supone una gran penalidad y para muchos, además, ganar varios kilos de peso (una media de diez por persona). Si la colectividad de los fumadores quieren dejar de fumar pero no lo hacen, no porque no quieran, sino porque su enfermedad (el tabaquismo) se lo impide; si lo verdaderamente eficaz y barato contra ese hábito es aplicar terapias médicas y psicológicas cuyo éxito permite asegurar la erradicación del mal (con un coste de 180 € por persona, según un informe de médicos de la Seguridad Social); si las campañas antitabaco son tan inservibles sobre los adictos a la nicotina como lo sería el publicitarles a los sedientos que dejen de beber agua; si el tabaquismo es considerado por la OMS como una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de tratamiento... Entonces, ¿para que se implantan esas leyes en vez de crear centros especializados en curar a los fumadores? ¿Por qué se empeña la Administración en no sufragar los gastos de deshabituación del tabaco invirtiéndolos en su defecto en campañas tan poco útiles? ¿Acaso el Gobierno desconoce que fumar es una enfermedad muy difícil de erradicar sin tratamiento especializado y no una moda que las personas puedan deshacer sin esfuerzo, tal y como sería el dejar de comer pipas de girasol?
El Gobierno tampoco puede excusarse de no crear más centros de terapia para fumadores, ni de costear la medicación a través de la Seguridad Social, alegando que no hay dinero para ello, pues leo en los presupuestos del Estado para el 2006 que las administraciones (central, locales y autonómicas) tienen previsto recaudar 6.362 millones de euros por impuestos sobre el tabaco. ¿No es justo que la Administración invierta parte de esas ganancias que le ha expoliado a los fumadores en curarles?
Los gobernantes anuncian a bombo y platillo para el 1 de enero de 2006 su mínimamente eficaz ley antitabaco (porque no actúa sobre las causas del mal), y mientras tanto permite a las tabacaleras que comercialicen cien marcas de tabaco a bajo coste (a menos de 1,5 €), lo que se traduce en que habrá un 12% más de fumadores, especialmente jóvenes, lo que se supere el número de aquellos que lo abandonen a causa de esa ley. ¿En qué quedamos? Si la Administración predica que el encarecimiento del tabaco dificulta fumar, ¿por qué entonces permite disminuir su precio unos meses antes de aplicar la nueva ley antitabaco?
Cada marca se suele comercializar al mismo valor en dos versiones: la normal y la baja en nicotina (light). Pero a la vez hay otras que son específicamente pobres en contaminantes, las ultralight. Un paquete de tabaco rubio light normal (2,10 €) contiene 10 veces más nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que una ultralight (2,75 €), pero esta última cuesta 65 céntimos más que aquellas. Estoy de acuerdo con que el ultralight lleva más elaboración, lo que le encarece, pero también que el 80% de lo pagado en España por el producto son impuestos. Si el tabaco daña tanto a la salud como las administraciones nos cuentan, ¿no sería lógico que las marcas más beneficiosas fueran las más baratas a costa de una disminución de los impuestos que las gravan?
A partir de enero de 2006 los propietarios de restaurantes y bares pequeños eligen entre hacerlos de fumadores o no. Un 30% de la población es adicta a la nicotina, por lo que ahora fuman en esos locales tres de cada diez clientes. Tras la aplicación de la ley antitabaco los fumadores irán a donde puedan hacerlo, por lo que casi el cien por cien de los usuarios de los locales que permiten el tabaco serán fumadores. Por tanto, a partir de la implantación de la nueva ley se concentrara allí el humo que antes se repartía entre la totalidad de los establecimientos existentes, lo que causará más perjuicio a sus consumidores. Conclusión: unos locales acumularán la toxicidad del humo de todos los fumadores y los demás nada, por lo que el daño a las personas será el mismo pero distribuido de otra forma.
Además de los gastos de acondicionamiento de los bares y restaurantes para adaptarse a la nueva ley, las empresas han de permitir unos tiempos para que los empleados salgan al aire libre a fumar. Muy pronto los no fumadores se han apuntado al carro y piden para ellos los mismos permisos, porque si no, aducen, es una discriminación que favorece el descanso del fumador. Tres paradas por jornada laboral les supone a las empresas una perdida de 14 días de trabajo por empleado y año, con un coste medio estimado de unos 800 euros. Aunque en realidad es todavía mayor, puesto que cada una de esas interrupciones del trabajo suponen una perdida de concentración mental del empleado en los momentos previos a hacerla, y de los siguientes a la reincorporación. ¿Por qué la ley prohíbe explícitamente «que se habiliten espacios para fumadores en las empresas» obligando con ello a que los empleados pierdan el tiempo saliendo a la calle a fumar? ¿Por qué la Administración no actúa aplicando los medios eficaces subsiguientes a considerar al fumador como el enfermo adicto que es y que por tanto necesita un tratamiento médico específico para deshabituarse del tabaco, en vez de imponer leyes poco útiles y que además dañan la economía empresarial y nacional?
La falacia de que esa ley protege a los menores. Los jovenes no podrán entrar en los locales en donde se permita fumar. Y con eso el Gobierno se queda tan fresco, creyendo que así protege a la juventud de los males del tabaco. La realidad es muy distinta. El empleado se va a sentir acosado en el trabajo para no fumar, pero como es un enfermo adicto a la nicotina que no puede abandonar la droga, lo que va a ocurrir es que fumará en su casa todo lo que no le han permitido en el trabajo, por lo que indirectamente intoxicará mucho más a su mujer e hijos, lo que supone que esa ley daña mucho más al menor que lo estaba antes de su aplicación. Además, según una encuesta reciente, los jóvenes de entre 12 a 18 años fuman más marihuana que tabaco. Es la consecuencia lógica de las ineficaces medidas antitabaco. Como la enfermedad de fumar se contrae por culpa de una sociedad y unos gobiernos que no atajan las causas que la provocan, como por otra parte ponen el tabaco a un precio prohibitivo para la economía de los jóvenes, y como la marihuana de contrabando les es accesible, pues entonces se da la paradoja que arrojan las encuestas: los adolescentes consumen más marihuana que tabaco.
Las actuales leyes antitabaco, en especial la del 1 de enero de 2006, son inhumanas, ilegales e inconstitucionales. No olvidemos que el fumador no es alguien que enciende un cigarrillo porque quiere dañarse a si mismo y a los que tiene a su alrededor, tal y como es tratado por los gobiernos con sus coactivas leyes, sino un enfermo, una persona que fuma porque no puede hacer otra cosa, y que además pide a gritos tratamientos específicos que le ayuden a salir del hábito, y no con la violencia de una norma que no contempla su patología. De la misma manera que un sediento busca agua para calmar su sed, el fumador siente esa pasión por el cigarrillo; ya que, entre otras razones, necesita la nicotina para mantener su estabilidad psíquica y emocional, para concentrarse (especialmente cuando trabaja) y para amortiguar su agresividad. Por lo que impedirle fumar en el trabajo, o durante largos periodos de tiempo, o mirarle de mala manera, como si fuera un degenerado, cuando enciende un cigarrillo, tal y como las leyes empujan a que se haga con él, es una violencia, un acoso hacia alguien que es un enfermo y al que precisamente se le agobia a causa de su enfermedad. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos anuncia: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Es cruel, inhumano y degradante que a un enfermo (el fumador) se le prive durante su trabajo de un elemento que necesita (la nicotina) para sentirse cómodo y para realizarlo bien. Como todo lo anterior es lo que busca la ley antitabaco, por lo tanto esa normativa es cruel, degradante e inhumana. El artículo 14 de la Constitución Española dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La enfermedad de adicción a la nicotina es una «condición y circunstancia personal y social», que además es inculcada por la sociedad, ya que nadie sería fumador si ella no vendiera el tabaco (ni hubiera fomentado su uso durante siglos). Por ello, esa ley es inconstitucional ya que perturba, acosa, discrimina y obliga al enfermo de tabaquismo a prescindir de una sustancia que necesita, y le violenta sin que simultáneamente ponga a su disposición los medios médicos necesarios para que se cure.
El Gobierno esgrime que con esta ley protege los derechos del que no fuma. El fumador pasivo, como parte de la sociedad que es, induce a fumar por permitir la venta libre del tabaco, por no exigir que se apliquen las terapias especificas para curar a los adictos; se aprovecha económicamente de los fumadores, puesto que le eximen de pagar de su bolsillo los impuestos que se recaudan con el tabaco, que ascienden a 180 € (30.000 pesetas) por persona y año. Si se quieren comer huevos fritos habrá que soportar el humo de su preparación, si porque hay fumadores una familia que no lo es, compuesta por el matrimonio y sus tres hijos, se ahorran en impuestos 150.000 pesetas al año entonces han de aguantar también su humo. Y si no quiere hacerlo, pues que pague de su pecunio esa cantidad, y que después presione lo suficiente a sus dirigentes para que la sanidad pública trate y costee la curación de los adictos a la nicotina, tal y como hace con las demás drogas (cocaína, heroína, etc.). Pero mientras tanto, lo que es incomprensible es que el fumador pasivo alegue que le daña el humo de quien fuma, después de tener la cara dura de aprovecharse de los impuestos del tabaco, y que ose maltratar al fumador con leyes que, además de inhumanas e inconstitucionales, son ineficaces para erradicar el problema, tal y como son las que las administraciones han lanzado hasta la actualidad.
Dice el refrán que obras son amores y no buenas razones. Por sus obras hemos comprobado como el Gobierno no desea erradicar el mal al no prohibir la venta del tabaco, al no costear tratamientos eficaces, al abaratar el precio de muchas marcas, lo que compensa con creces los fumadores que se pierden; al esgrimir demagógicamente la figura del fumador pasivo, etc.. Por lo que con su conducta el Gobierno nos está gritando: ¡Fume, por favor!
Pero, ¿por qué los gobiernos occidentales imponen este tipo de leyes aun sabiendo que en esencia son antieconómicas, ineficaces para erradicar el mal, inhumanas, e inconstitucionales; en lugar de poner en marcha equipos médicos que traten a los fumadores, lo que sí que terminaría de verdad con el tabaquismo?
En primer lugar, nos salta a la vista que lo hace por cuestiones monetarias. Que haya fumadores le supone al Estado grandes beneficios que ningún gobierno quiere perder. Las administraciones (central, locales y autonómicas) tienen la desfachatez de anunciar que para el 2006 recaudarán en impuestos sobre tabaco un 21,4% más que en el 2005, por lo que indirectamente reconocen la ineficacia de la nueva ley. El 80% de lo que el consumidor paga por el tabaco va a las arcas del Estado. Eso es mucho dinero, como dijimos antes, para 2006 le supone una ganancia de 6.362 millones de euros, o lo que es lo mismo, un billón cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete millones setecientas treinta y dos mil de las antiguas pesetas (1.058.547.732.000 ptas.). (Recordemos que prácticamente nada de lo ganado se emplea en curar al fumador de su enfermedad adictiva.) Entonces, para que ese negocio no naufrague lo que hace la Administración es crear leyes lo suficientemente ineficaces para que no erradiquen el mal, pero que ante los ojos de la sociedad parezca que llevan ese camino. Para rizar el rizo, so capa del sofisma de que cuanto más caro es el tabaco menos gente lo consume, los gobiernos lo elevan de precio con mucha frecuencia para enriquecerse aún más con el porcentaje que se aplica a lo subido. Sería tonto que un empresario perdiera un negocio cuyo margen de beneficio es de 8 de cada 10 euros. La Administración tampoco es imbécil, por lo que hace la pantomima de aplicar leyes que dice son para erradicar el tabaquismo, pero, eso si, poniendo mucho cuidado en que sean inútiles para tal fin, lo que además le permite poner producto a unos precios prohibitivos, que pagan quienes no son capaces hacer otra cosa que comprarlo: los esclavos a la nicotina.
Poderoso caballero es don dinero. Con lo visto más arriba queda comprobado como el afán de seguir enriqueciéndose es el responsable de que los gobiernos creen leyes antitabaco intencionalmente hipócritas, que por una parte predican la disminución del número de fumadores y que a la vez son hechas lo suficientemente ineficaces para que lo consigan.
Mas ahora nos preguntamos: ¿Por qué los gobiernos tienen que complicarse la vida poniendo en marcha esas normativas si deliberadamente desean que sean infructuosas? ¿No habría sido más fácil dejar las cosas como estaban antes, cuando se permitía fumar a todo el mundo en donde quisiera? ¿Dónde está la necesidad de acosar a los fumadores si en realidad no se quiere que dejen de fumar? Si lo que el Estado busca es enriquecerse a costa del tabaco, y ya lo conseguía antes de implantar estas leyes inútiles, inhumanas e inconstitucionales, ¿qué finalidad tiene entonces imponerlas?
Estudiando la época en que comienzan a implantarse las leyes antitabaco, a mediados del siglo XX, encontramos una asociación muy curiosa: es también el momento en el que irrumpe en Occidente la revolución sexual por la que se liberaliza el uso del sexo en todas las capas sociales. Cuando comienza a aflojarse la represión sexual imperante desde la Edad Media es cuando Estados Unidos de América empieza a aplicar sus agresivas leyes contra los fumadores, a las que le siguen las del resto de los países, incluida España, como meras copias. También coinciden en ese tiempo los movimientos contestatarios y de lucha contra el orden establecido. En todo Estados Unidos brotan grupos hipíes con su slogan “Haz el amor y no la guerra”; surcan todo el país manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, los negros reivindican sus derechos de forma pacifica o no, etc.
¿Tendrán algo que ver entre si la liberación sexual, los movimientos contra el orden establecido y la aparición de las leyes antitabaco?
Pues claro que sí. El individuo desestabilizado es muy fácil de mandar, y a lo largo de la historia todos los gobernantes han buscado que sus súbditos estén neurotizados para así poder manipularlos cómodamente. En épocas anteriores, un gran método para lograrlo fue el exceso de represión sexual. En el hombre la energía del sexo está siempre activa, cada impulso libidinoso frustrado intranquiliza a la persona provocándole irritación, aumento de la agresividad, obsesión por el tema erótico, moviliza su fantasía, le lleva a gastar la energía en otra tarea (tal y como practicar deporte), transfiriendo su demanda hasta obtener un placer de otro tipo (por ejemplo, al comer), etc.; lo que lleva a que la persona muy reprimida carezca de fuerza para oponerse a las arbitrariedades de la autoridad. Eso explica la correlación que hay entre la liberación sexual estadounidense con los movimientos sociales de lucha contra la autoridad. ¿Y qué hace la clase dominante entonces? Cuando los gobiernos se quedan sin el mecanismo neurotizante por excelencia del que habían dispuesto hasta entonces, lo resuelven buscando un sustituto. Se preguntan: ¿Qué elemento existe al que buena parte de la población sea adicta y del que su represión nos permita dividir a la sociedad? Y el tabaco es la respuesta. El tabaquismo es perfecto para sus fines manipuladores: Es una enfermedad adictiva que no se erradica a no ser con un tratamiento especifico, por lo que si no se concede esa ayuda siempre habrá fumadores. Si se hacen a la vez campañas discriminatorias contra el fumador se logran dos fines con una sola acción: Los fumadores se sentirán acosados, culpables por su enfermedad, un deshecho de la raza, y presos de un mal del que no pueden escapar, por lo que se desestabilizarán. Y además permitirá que los no fumadores vuelquen su agresividad contra los que fuman y viceversa, provocándose así un enfrentamiento permanente entre ambos sectores sociales lo que les distrae la atención y las fuerzas para que así no las puedan dirigir hacia la incapacidad de los gobernantes. Visto y hecho. Acaba la etapa de represión sexual y comienzan las desestabilizadoras e ineficaces campañas antitabaco.
Alguien puede pensar que ésta es una simple hipótesis, ajena a la realidad. Para mostrar con un ejemplo como los gobernantes buscan y propician esas desestabilizaciones y la neurotización social subsiguiente, voy a copiar un texto, que si bien pertenece a la novela de Milan Kundera “La insoportable levedad del ser”, las situaciones que narra son reales. La ficción la dan los personajes, pero no el entorno histórico en el que se mueven.
«Las terneras pastan en el prado, Teresa está sentada sobre un tocón y Karenin [su perro] se apretuja contra ella con la cabeza sobre sus rodillas. Y Teresa se acuerda de que una vez, quizás hace diez años, leyó una noticia de dos líneas en el periódico: decía que en una ciudad rusa habían matado a tiros a todos los perros del lugar. Aquella noticia, poco llamativa y aparentemente insignificante, le hizo sentir por primera vez miedo de ese país vecino, excesivamente grande. / Aquella noticia fue una anticipación de todo lo que sucedió después: durante los primeros años que siguieron a la invasión rusa, no se podía hablar aún de terror. Dado que casi todo el país estaba en contra del régimen de ocupación, los rusos tuvieron que buscar a personas nuevas entre la población checa y auparlas al poder. ¿Pero dónde iban a buscarlas si tanto la fe en el comunismo como el amor hacia Rusia habían muerto? Las buscaron entre quienes deseaban vengarse de la vida por algún motivo. Hacía falta unificar, cultivar y mantener alerta su agresividad. Hacía falta ejercitarlas primero en objetivos provisionales. Esos objetivos fueron los animales. / Los periódicos empezaron entonces a publicar series de artículos y a organizar la recepción de cartas de los lectores. Se pedía, por ejemplo, que se eliminasen las palomas en las ciudades. Y se las eliminó. Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. La gente aún estaba desesperada por la catástrofe de la ocupación, pero los periódicos, la radio y la televisión no hablaban más que de los perros, que ensucian las aceras y los parques, ponen en peligro la salud de los niños, no tienen utilidad alguna y sin embargo se los alimenta. Se creó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma azuzada le hiciera daño a Karenin. La maldad acumulada (y entrenada en los animales) tardó un año en dirigirse a su verdadero objetivo: la gente. Empezaron a echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales. Los animales ya podían respirar tranquilos.».
Lo que ese texto nos cuenta es que había un pueblo unido contra una autoridad opresora, ésta considera necesario llenarlo de agresividad y dividirlo, para lo cual azuza a la gente contra un objetivo arbitrario, las palomas primero, luego los perros. Eso rompe la unidad del pueblo al enfrentar las voluntades de los que matan perros contra los que los aman. Y a partir de ese momento ya se puede hacer lo que se quiera con ésa gente porque carecen de la fuerza unificadora que los podría llevar a luchar y a vencer al opresor, quien entonces ya puede permitirse «echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales». Exactamente lo mismo ocurre con las leyes antitabaco: son inútiles para el fin que pregonan, dividen a la gente, discriminan a los fumadores a la hora de encontrar trabajo, vuelcan la agresividad de los no fumadores contra quienes lo son y al revés, etc.. Lo que se traduce en conseguir un pueblo con la atención obsesionada y la voluntad desgastada, por lo que no rechista ni ante los despidos, ni ante la subida de los precios, ni ante la ineficacia del Gobierno en la lucha antiterrorista, ni ante nada. Y todo ello a costa del sufrimiento de los enfermos de tabaquismo.
Termino con un ejemplo actual. Estamos a finales de diciembre de 2005 y todo el mundo (particulares, prensa, radio y televisión) habla, discute y debate sobre la repercusión de la ley antitabaco en los fumadores, de la reacción de los no adictos, de los bares que serán de un tipo u otro, etc. Pero nadie (particulares, prensa, radio o televisión) habla, discute o debate sobre los siguientes datos de la última encuesta del INE: que sólo el 2,2% de las familias madrileñas llega a fin de mes con mucha facilidad, que más de la mitad de los hogares de Madrid, el 51,6%, tienen algún problema para conseguirlo. Que la situación económica empeorará el 1 de enero ya que lo único que no subirá es el teléfono. Lo harán los taxis un 6,8%, la electricidad un 4,48%, el gas natural un 4,26%, el transporte público un 4,87%, el agua casi un 6%, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) un 10% y el IPC hasta un 2,5%.
Mas no hay criticas contra la Administración por el empobrecimiento al que nos lleva con esas subidas. ¿Puede haber fuerzas para ello cuando la ley antitabaco acapara toda la atención y las energías del público?
A Modo De Epílogo.
Febrero de 2006.
Leo que al mes de implantarse en España la ley Antitabaco nueve de cada diez dueños de bares y restaurantes pequeños han decidido que sus locales sean de fumadores (90%), lo que me lleva a hacer algunas reflexiones en torno a este dato.
A causa de mis escritos en los que denuncio las incongruencias de las leyes antitabaco actuales, que nadie entienda que estoy a favor del tabaquismo. Todo lo contrario, creo que esta adicción es una plaga terrible de la sociedad que por tanto hay que erradicar. Y por eso precisamente escribo, porque si las autoridades quieren ser conformes con sus obligaciones deberían prohibir totalmente la comercialización del tabaco, o en su defecto asignar todos los beneficios que recaudan por su venta en medios sanitarios para curar de su adicción al fumador; en vez de implantar leyes que en lugar de conseguir ese fin perturban innecesariamente a un tercio de los españoles. «Hay que odiar el pecado, pero no al pecador», reza una máxima de moral, y lo que establecen esas normas es justo lo contrario: que se odie al fumador sin ser eficaces en suprimir su adicción.
Mas ahora sólo quiero felicitar la sensatez del ciudadano de a píe, encarnado en los dueños de bares y restaurantes, quienes en representación del 90% de los españoles, con su acto de propiciar que un 90% de sus locales sean aptos para fumar, le están respondiendo al Gobierno que sus leyes antitabaco son en un 90% discriminadoras, inhumanas e inconstitucionales, por lastimar sin necesidad al fumador un 90% de las veces, algo a lo que ellos ponen remedio permitiendo que se fume en el 90% de sus locales el mismo tabaco que la Administración no pone reparos en vender.
A ver si el Gobierno aprende esta lección que el 90% de los españoles le dan, y reforman de una vez por todas sus leyes antitabaco para que dejen de ser discriminadoras, inhumanas, e inconstitucionales.
No hay duda, aunque sólo fuere por sentido común, que aspirar humo en exceso tiene que ser perjudicial para la salud. Si el tabaco es una droga que mata en España a 50.000 personas cada año, como nos muestran las estadísticas oficiales, entonces: ¿Por que no se prohíbe la venta del tabaco, como se hace con las demás drogas dañinas, en vez de permitir su compra libre para después acosar al fumador para que no lo consuma? ¿No es un contrasentido?
En España hay algo más de 12 millones de fumadores y, según encuestas, el 70% quiere dejar de fumar, por lo que si no lo hace, al precio que está el tabaco, es porque no puede. Hay que considerar que gran parte de ese otro 30% restante que no quiere abandonar el vicio es porque se sienten tan adictos físicamente a la nicotina que consideran imposible lograrlo. Según últimas estadísticas, tan sólo consiguen dejar el hábito un 2% de los que lo intentan con “fuerza de voluntad”, lo que les supone una gran penalidad y para muchos, además, ganar varios kilos de peso (una media de diez por persona). Si la colectividad de los fumadores quieren dejar de fumar pero no lo hacen, no porque no quieran, sino porque su enfermedad (el tabaquismo) se lo impide; si lo verdaderamente eficaz y barato contra ese hábito es aplicar terapias médicas y psicológicas cuyo éxito permite asegurar la erradicación del mal (con un coste de 180 € por persona, según un informe de médicos de la Seguridad Social); si las campañas antitabaco son tan inservibles sobre los adictos a la nicotina como lo sería el publicitarles a los sedientos que dejen de beber agua; si el tabaquismo es considerado por la OMS como una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de tratamiento... Entonces, ¿para que se implantan esas leyes en vez de crear centros especializados en curar a los fumadores? ¿Por qué se empeña la Administración en no sufragar los gastos de deshabituación del tabaco invirtiéndolos en su defecto en campañas tan poco útiles? ¿Acaso el Gobierno desconoce que fumar es una enfermedad muy difícil de erradicar sin tratamiento especializado y no una moda que las personas puedan deshacer sin esfuerzo, tal y como sería el dejar de comer pipas de girasol?
El Gobierno tampoco puede excusarse de no crear más centros de terapia para fumadores, ni de costear la medicación a través de la Seguridad Social, alegando que no hay dinero para ello, pues leo en los presupuestos del Estado para el 2006 que las administraciones (central, locales y autonómicas) tienen previsto recaudar 6.362 millones de euros por impuestos sobre el tabaco. ¿No es justo que la Administración invierta parte de esas ganancias que le ha expoliado a los fumadores en curarles?
Los gobernantes anuncian a bombo y platillo para el 1 de enero de 2006 su mínimamente eficaz ley antitabaco (porque no actúa sobre las causas del mal), y mientras tanto permite a las tabacaleras que comercialicen cien marcas de tabaco a bajo coste (a menos de 1,5 €), lo que se traduce en que habrá un 12% más de fumadores, especialmente jóvenes, lo que se supere el número de aquellos que lo abandonen a causa de esa ley. ¿En qué quedamos? Si la Administración predica que el encarecimiento del tabaco dificulta fumar, ¿por qué entonces permite disminuir su precio unos meses antes de aplicar la nueva ley antitabaco?
Cada marca se suele comercializar al mismo valor en dos versiones: la normal y la baja en nicotina (light). Pero a la vez hay otras que son específicamente pobres en contaminantes, las ultralight. Un paquete de tabaco rubio light normal (2,10 €) contiene 10 veces más nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que una ultralight (2,75 €), pero esta última cuesta 65 céntimos más que aquellas. Estoy de acuerdo con que el ultralight lleva más elaboración, lo que le encarece, pero también que el 80% de lo pagado en España por el producto son impuestos. Si el tabaco daña tanto a la salud como las administraciones nos cuentan, ¿no sería lógico que las marcas más beneficiosas fueran las más baratas a costa de una disminución de los impuestos que las gravan?
A partir de enero de 2006 los propietarios de restaurantes y bares pequeños eligen entre hacerlos de fumadores o no. Un 30% de la población es adicta a la nicotina, por lo que ahora fuman en esos locales tres de cada diez clientes. Tras la aplicación de la ley antitabaco los fumadores irán a donde puedan hacerlo, por lo que casi el cien por cien de los usuarios de los locales que permiten el tabaco serán fumadores. Por tanto, a partir de la implantación de la nueva ley se concentrara allí el humo que antes se repartía entre la totalidad de los establecimientos existentes, lo que causará más perjuicio a sus consumidores. Conclusión: unos locales acumularán la toxicidad del humo de todos los fumadores y los demás nada, por lo que el daño a las personas será el mismo pero distribuido de otra forma.
Además de los gastos de acondicionamiento de los bares y restaurantes para adaptarse a la nueva ley, las empresas han de permitir unos tiempos para que los empleados salgan al aire libre a fumar. Muy pronto los no fumadores se han apuntado al carro y piden para ellos los mismos permisos, porque si no, aducen, es una discriminación que favorece el descanso del fumador. Tres paradas por jornada laboral les supone a las empresas una perdida de 14 días de trabajo por empleado y año, con un coste medio estimado de unos 800 euros. Aunque en realidad es todavía mayor, puesto que cada una de esas interrupciones del trabajo suponen una perdida de concentración mental del empleado en los momentos previos a hacerla, y de los siguientes a la reincorporación. ¿Por qué la ley prohíbe explícitamente «que se habiliten espacios para fumadores en las empresas» obligando con ello a que los empleados pierdan el tiempo saliendo a la calle a fumar? ¿Por qué la Administración no actúa aplicando los medios eficaces subsiguientes a considerar al fumador como el enfermo adicto que es y que por tanto necesita un tratamiento médico específico para deshabituarse del tabaco, en vez de imponer leyes poco útiles y que además dañan la economía empresarial y nacional?
La falacia de que esa ley protege a los menores. Los jovenes no podrán entrar en los locales en donde se permita fumar. Y con eso el Gobierno se queda tan fresco, creyendo que así protege a la juventud de los males del tabaco. La realidad es muy distinta. El empleado se va a sentir acosado en el trabajo para no fumar, pero como es un enfermo adicto a la nicotina que no puede abandonar la droga, lo que va a ocurrir es que fumará en su casa todo lo que no le han permitido en el trabajo, por lo que indirectamente intoxicará mucho más a su mujer e hijos, lo que supone que esa ley daña mucho más al menor que lo estaba antes de su aplicación. Además, según una encuesta reciente, los jóvenes de entre 12 a 18 años fuman más marihuana que tabaco. Es la consecuencia lógica de las ineficaces medidas antitabaco. Como la enfermedad de fumar se contrae por culpa de una sociedad y unos gobiernos que no atajan las causas que la provocan, como por otra parte ponen el tabaco a un precio prohibitivo para la economía de los jóvenes, y como la marihuana de contrabando les es accesible, pues entonces se da la paradoja que arrojan las encuestas: los adolescentes consumen más marihuana que tabaco.
Las actuales leyes antitabaco, en especial la del 1 de enero de 2006, son inhumanas, ilegales e inconstitucionales. No olvidemos que el fumador no es alguien que enciende un cigarrillo porque quiere dañarse a si mismo y a los que tiene a su alrededor, tal y como es tratado por los gobiernos con sus coactivas leyes, sino un enfermo, una persona que fuma porque no puede hacer otra cosa, y que además pide a gritos tratamientos específicos que le ayuden a salir del hábito, y no con la violencia de una norma que no contempla su patología. De la misma manera que un sediento busca agua para calmar su sed, el fumador siente esa pasión por el cigarrillo; ya que, entre otras razones, necesita la nicotina para mantener su estabilidad psíquica y emocional, para concentrarse (especialmente cuando trabaja) y para amortiguar su agresividad. Por lo que impedirle fumar en el trabajo, o durante largos periodos de tiempo, o mirarle de mala manera, como si fuera un degenerado, cuando enciende un cigarrillo, tal y como las leyes empujan a que se haga con él, es una violencia, un acoso hacia alguien que es un enfermo y al que precisamente se le agobia a causa de su enfermedad. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos anuncia: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Es cruel, inhumano y degradante que a un enfermo (el fumador) se le prive durante su trabajo de un elemento que necesita (la nicotina) para sentirse cómodo y para realizarlo bien. Como todo lo anterior es lo que busca la ley antitabaco, por lo tanto esa normativa es cruel, degradante e inhumana. El artículo 14 de la Constitución Española dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La enfermedad de adicción a la nicotina es una «condición y circunstancia personal y social», que además es inculcada por la sociedad, ya que nadie sería fumador si ella no vendiera el tabaco (ni hubiera fomentado su uso durante siglos). Por ello, esa ley es inconstitucional ya que perturba, acosa, discrimina y obliga al enfermo de tabaquismo a prescindir de una sustancia que necesita, y le violenta sin que simultáneamente ponga a su disposición los medios médicos necesarios para que se cure.
El Gobierno esgrime que con esta ley protege los derechos del que no fuma. El fumador pasivo, como parte de la sociedad que es, induce a fumar por permitir la venta libre del tabaco, por no exigir que se apliquen las terapias especificas para curar a los adictos; se aprovecha económicamente de los fumadores, puesto que le eximen de pagar de su bolsillo los impuestos que se recaudan con el tabaco, que ascienden a 180 € (30.000 pesetas) por persona y año. Si se quieren comer huevos fritos habrá que soportar el humo de su preparación, si porque hay fumadores una familia que no lo es, compuesta por el matrimonio y sus tres hijos, se ahorran en impuestos 150.000 pesetas al año entonces han de aguantar también su humo. Y si no quiere hacerlo, pues que pague de su pecunio esa cantidad, y que después presione lo suficiente a sus dirigentes para que la sanidad pública trate y costee la curación de los adictos a la nicotina, tal y como hace con las demás drogas (cocaína, heroína, etc.). Pero mientras tanto, lo que es incomprensible es que el fumador pasivo alegue que le daña el humo de quien fuma, después de tener la cara dura de aprovecharse de los impuestos del tabaco, y que ose maltratar al fumador con leyes que, además de inhumanas e inconstitucionales, son ineficaces para erradicar el problema, tal y como son las que las administraciones han lanzado hasta la actualidad.
Dice el refrán que obras son amores y no buenas razones. Por sus obras hemos comprobado como el Gobierno no desea erradicar el mal al no prohibir la venta del tabaco, al no costear tratamientos eficaces, al abaratar el precio de muchas marcas, lo que compensa con creces los fumadores que se pierden; al esgrimir demagógicamente la figura del fumador pasivo, etc.. Por lo que con su conducta el Gobierno nos está gritando: ¡Fume, por favor!
Pero, ¿por qué los gobiernos occidentales imponen este tipo de leyes aun sabiendo que en esencia son antieconómicas, ineficaces para erradicar el mal, inhumanas, e inconstitucionales; en lugar de poner en marcha equipos médicos que traten a los fumadores, lo que sí que terminaría de verdad con el tabaquismo?
En primer lugar, nos salta a la vista que lo hace por cuestiones monetarias. Que haya fumadores le supone al Estado grandes beneficios que ningún gobierno quiere perder. Las administraciones (central, locales y autonómicas) tienen la desfachatez de anunciar que para el 2006 recaudarán en impuestos sobre tabaco un 21,4% más que en el 2005, por lo que indirectamente reconocen la ineficacia de la nueva ley. El 80% de lo que el consumidor paga por el tabaco va a las arcas del Estado. Eso es mucho dinero, como dijimos antes, para 2006 le supone una ganancia de 6.362 millones de euros, o lo que es lo mismo, un billón cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete millones setecientas treinta y dos mil de las antiguas pesetas (1.058.547.732.000 ptas.). (Recordemos que prácticamente nada de lo ganado se emplea en curar al fumador de su enfermedad adictiva.) Entonces, para que ese negocio no naufrague lo que hace la Administración es crear leyes lo suficientemente ineficaces para que no erradiquen el mal, pero que ante los ojos de la sociedad parezca que llevan ese camino. Para rizar el rizo, so capa del sofisma de que cuanto más caro es el tabaco menos gente lo consume, los gobiernos lo elevan de precio con mucha frecuencia para enriquecerse aún más con el porcentaje que se aplica a lo subido. Sería tonto que un empresario perdiera un negocio cuyo margen de beneficio es de 8 de cada 10 euros. La Administración tampoco es imbécil, por lo que hace la pantomima de aplicar leyes que dice son para erradicar el tabaquismo, pero, eso si, poniendo mucho cuidado en que sean inútiles para tal fin, lo que además le permite poner producto a unos precios prohibitivos, que pagan quienes no son capaces hacer otra cosa que comprarlo: los esclavos a la nicotina.
Poderoso caballero es don dinero. Con lo visto más arriba queda comprobado como el afán de seguir enriqueciéndose es el responsable de que los gobiernos creen leyes antitabaco intencionalmente hipócritas, que por una parte predican la disminución del número de fumadores y que a la vez son hechas lo suficientemente ineficaces para que lo consigan.
Mas ahora nos preguntamos: ¿Por qué los gobiernos tienen que complicarse la vida poniendo en marcha esas normativas si deliberadamente desean que sean infructuosas? ¿No habría sido más fácil dejar las cosas como estaban antes, cuando se permitía fumar a todo el mundo en donde quisiera? ¿Dónde está la necesidad de acosar a los fumadores si en realidad no se quiere que dejen de fumar? Si lo que el Estado busca es enriquecerse a costa del tabaco, y ya lo conseguía antes de implantar estas leyes inútiles, inhumanas e inconstitucionales, ¿qué finalidad tiene entonces imponerlas?
Estudiando la época en que comienzan a implantarse las leyes antitabaco, a mediados del siglo XX, encontramos una asociación muy curiosa: es también el momento en el que irrumpe en Occidente la revolución sexual por la que se liberaliza el uso del sexo en todas las capas sociales. Cuando comienza a aflojarse la represión sexual imperante desde la Edad Media es cuando Estados Unidos de América empieza a aplicar sus agresivas leyes contra los fumadores, a las que le siguen las del resto de los países, incluida España, como meras copias. También coinciden en ese tiempo los movimientos contestatarios y de lucha contra el orden establecido. En todo Estados Unidos brotan grupos hipíes con su slogan “Haz el amor y no la guerra”; surcan todo el país manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, los negros reivindican sus derechos de forma pacifica o no, etc.
¿Tendrán algo que ver entre si la liberación sexual, los movimientos contra el orden establecido y la aparición de las leyes antitabaco?
Pues claro que sí. El individuo desestabilizado es muy fácil de mandar, y a lo largo de la historia todos los gobernantes han buscado que sus súbditos estén neurotizados para así poder manipularlos cómodamente. En épocas anteriores, un gran método para lograrlo fue el exceso de represión sexual. En el hombre la energía del sexo está siempre activa, cada impulso libidinoso frustrado intranquiliza a la persona provocándole irritación, aumento de la agresividad, obsesión por el tema erótico, moviliza su fantasía, le lleva a gastar la energía en otra tarea (tal y como practicar deporte), transfiriendo su demanda hasta obtener un placer de otro tipo (por ejemplo, al comer), etc.; lo que lleva a que la persona muy reprimida carezca de fuerza para oponerse a las arbitrariedades de la autoridad. Eso explica la correlación que hay entre la liberación sexual estadounidense con los movimientos sociales de lucha contra la autoridad. ¿Y qué hace la clase dominante entonces? Cuando los gobiernos se quedan sin el mecanismo neurotizante por excelencia del que habían dispuesto hasta entonces, lo resuelven buscando un sustituto. Se preguntan: ¿Qué elemento existe al que buena parte de la población sea adicta y del que su represión nos permita dividir a la sociedad? Y el tabaco es la respuesta. El tabaquismo es perfecto para sus fines manipuladores: Es una enfermedad adictiva que no se erradica a no ser con un tratamiento especifico, por lo que si no se concede esa ayuda siempre habrá fumadores. Si se hacen a la vez campañas discriminatorias contra el fumador se logran dos fines con una sola acción: Los fumadores se sentirán acosados, culpables por su enfermedad, un deshecho de la raza, y presos de un mal del que no pueden escapar, por lo que se desestabilizarán. Y además permitirá que los no fumadores vuelquen su agresividad contra los que fuman y viceversa, provocándose así un enfrentamiento permanente entre ambos sectores sociales lo que les distrae la atención y las fuerzas para que así no las puedan dirigir hacia la incapacidad de los gobernantes. Visto y hecho. Acaba la etapa de represión sexual y comienzan las desestabilizadoras e ineficaces campañas antitabaco.
Alguien puede pensar que ésta es una simple hipótesis, ajena a la realidad. Para mostrar con un ejemplo como los gobernantes buscan y propician esas desestabilizaciones y la neurotización social subsiguiente, voy a copiar un texto, que si bien pertenece a la novela de Milan Kundera “La insoportable levedad del ser”, las situaciones que narra son reales. La ficción la dan los personajes, pero no el entorno histórico en el que se mueven.
«Las terneras pastan en el prado, Teresa está sentada sobre un tocón y Karenin [su perro] se apretuja contra ella con la cabeza sobre sus rodillas. Y Teresa se acuerda de que una vez, quizás hace diez años, leyó una noticia de dos líneas en el periódico: decía que en una ciudad rusa habían matado a tiros a todos los perros del lugar. Aquella noticia, poco llamativa y aparentemente insignificante, le hizo sentir por primera vez miedo de ese país vecino, excesivamente grande. / Aquella noticia fue una anticipación de todo lo que sucedió después: durante los primeros años que siguieron a la invasión rusa, no se podía hablar aún de terror. Dado que casi todo el país estaba en contra del régimen de ocupación, los rusos tuvieron que buscar a personas nuevas entre la población checa y auparlas al poder. ¿Pero dónde iban a buscarlas si tanto la fe en el comunismo como el amor hacia Rusia habían muerto? Las buscaron entre quienes deseaban vengarse de la vida por algún motivo. Hacía falta unificar, cultivar y mantener alerta su agresividad. Hacía falta ejercitarlas primero en objetivos provisionales. Esos objetivos fueron los animales. / Los periódicos empezaron entonces a publicar series de artículos y a organizar la recepción de cartas de los lectores. Se pedía, por ejemplo, que se eliminasen las palomas en las ciudades. Y se las eliminó. Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. La gente aún estaba desesperada por la catástrofe de la ocupación, pero los periódicos, la radio y la televisión no hablaban más que de los perros, que ensucian las aceras y los parques, ponen en peligro la salud de los niños, no tienen utilidad alguna y sin embargo se los alimenta. Se creó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma azuzada le hiciera daño a Karenin. La maldad acumulada (y entrenada en los animales) tardó un año en dirigirse a su verdadero objetivo: la gente. Empezaron a echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales. Los animales ya podían respirar tranquilos.».
Lo que ese texto nos cuenta es que había un pueblo unido contra una autoridad opresora, ésta considera necesario llenarlo de agresividad y dividirlo, para lo cual azuza a la gente contra un objetivo arbitrario, las palomas primero, luego los perros. Eso rompe la unidad del pueblo al enfrentar las voluntades de los que matan perros contra los que los aman. Y a partir de ese momento ya se puede hacer lo que se quiera con ésa gente porque carecen de la fuerza unificadora que los podría llevar a luchar y a vencer al opresor, quien entonces ya puede permitirse «echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales». Exactamente lo mismo ocurre con las leyes antitabaco: son inútiles para el fin que pregonan, dividen a la gente, discriminan a los fumadores a la hora de encontrar trabajo, vuelcan la agresividad de los no fumadores contra quienes lo son y al revés, etc.. Lo que se traduce en conseguir un pueblo con la atención obsesionada y la voluntad desgastada, por lo que no rechista ni ante los despidos, ni ante la subida de los precios, ni ante la ineficacia del Gobierno en la lucha antiterrorista, ni ante nada. Y todo ello a costa del sufrimiento de los enfermos de tabaquismo.
Termino con un ejemplo actual. Estamos a finales de diciembre de 2005 y todo el mundo (particulares, prensa, radio y televisión) habla, discute y debate sobre la repercusión de la ley antitabaco en los fumadores, de la reacción de los no adictos, de los bares que serán de un tipo u otro, etc. Pero nadie (particulares, prensa, radio o televisión) habla, discute o debate sobre los siguientes datos de la última encuesta del INE: que sólo el 2,2% de las familias madrileñas llega a fin de mes con mucha facilidad, que más de la mitad de los hogares de Madrid, el 51,6%, tienen algún problema para conseguirlo. Que la situación económica empeorará el 1 de enero ya que lo único que no subirá es el teléfono. Lo harán los taxis un 6,8%, la electricidad un 4,48%, el gas natural un 4,26%, el transporte público un 4,87%, el agua casi un 6%, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) un 10% y el IPC hasta un 2,5%.
Mas no hay criticas contra la Administración por el empobrecimiento al que nos lleva con esas subidas. ¿Puede haber fuerzas para ello cuando la ley antitabaco acapara toda la atención y las energías del público?
A Modo De Epílogo.
Febrero de 2006.
Leo que al mes de implantarse en España la ley Antitabaco nueve de cada diez dueños de bares y restaurantes pequeños han decidido que sus locales sean de fumadores (90%), lo que me lleva a hacer algunas reflexiones en torno a este dato.
A causa de mis escritos en los que denuncio las incongruencias de las leyes antitabaco actuales, que nadie entienda que estoy a favor del tabaquismo. Todo lo contrario, creo que esta adicción es una plaga terrible de la sociedad que por tanto hay que erradicar. Y por eso precisamente escribo, porque si las autoridades quieren ser conformes con sus obligaciones deberían prohibir totalmente la comercialización del tabaco, o en su defecto asignar todos los beneficios que recaudan por su venta en medios sanitarios para curar de su adicción al fumador; en vez de implantar leyes que en lugar de conseguir ese fin perturban innecesariamente a un tercio de los españoles. «Hay que odiar el pecado, pero no al pecador», reza una máxima de moral, y lo que establecen esas normas es justo lo contrario: que se odie al fumador sin ser eficaces en suprimir su adicción.
Mas ahora sólo quiero felicitar la sensatez del ciudadano de a píe, encarnado en los dueños de bares y restaurantes, quienes en representación del 90% de los españoles, con su acto de propiciar que un 90% de sus locales sean aptos para fumar, le están respondiendo al Gobierno que sus leyes antitabaco son en un 90% discriminadoras, inhumanas e inconstitucionales, por lastimar sin necesidad al fumador un 90% de las veces, algo a lo que ellos ponen remedio permitiendo que se fume en el 90% de sus locales el mismo tabaco que la Administración no pone reparos en vender.
A ver si el Gobierno aprende esta lección que el 90% de los españoles le dan, y reforman de una vez por todas sus leyes antitabaco para que dejen de ser discriminadoras, inhumanas, e inconstitucionales.
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